El periodo de prueba en la bolsa de trabajo

La contratación por parte de la bolsa de trabajo tiene un periodo de prueba del que la norma dice lo siguiente:

«El personal estatutario temporal podrá estar sujeto a un período de prueba, durante el que será posible la resolución de la relación estatutaria a instancia de cualquiera de las partes. El período de prueba no podrá superar los tres meses de trabajo efectivo en el caso de personal previsto en los artículos 6.2.a) (Personal sanitario de formación universitaria) y 7.2.a) ( personal de gestion y servicios de formación universitaria ) del Estatuto Marco, y los dos meses para el resto del personal. En ningún caso el período de prueba podrá exceder de la mitad de la duración del nombramiento, si está precisado en él. Estará exento del período de prueba quien ya lo hubiera superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal para la realización de las mismas funciones en la Conselleria de Sanidad en los dos años anteriores a la expedición del nuevo nombramiento.

La falta de superación del período de prueba supondrá la exclusión en la lista de esa categoría y requerirá de un informe motivado del gerente o director de la institución, que deberá emitirse antes de los quince días, debiendo ser aprobado por la comisión sectorial correspondiente, que determinará el cambio de su situación en las listas»

Algunos sindicatos como Simap-Intersindical han denunciado graves irregularidades en el periodo de prueba que atañen a derechos fundamentales y han ofrecido asesoría legal al respecto por si fuera necesario acudir a los tribunales.

Concretamente Simap-Intersindical ha explicado lo siguiente:

«Desde SIMAP-INTERSINDICAL SALUT hemos observado cada vez con más frecuencia que en contrataciones temporales se emplea la no superación del periodo de prueba para despedir al trabajador. El periodo de prueba está contemplado en el Estatuto Marco, y regulado a nivel autonómico por una Orden de la Conselleria del 5 de octubre de 2009, pero pensamos que su utilización actual, en determinados casos, constituya un instrumento para la selección arbitraria del personal.

Pero todavía resulta más grave que dicho método se esté aplicando mediante un procedimiento que vulnera los derechos del trabajador e incluso sus garantías constitucionales.

La resolución del contrato en periodo de prueba exige las siguientes condiciones que en la mayoría de los casos no se han tenido en cuenta ni se ha llevado a cabo su aplicación:

Debe valorarse si el trabajador está exento de periodo de prueba, circunstancia que se produce cuando ha realizado funciones de las mismas características en los dos años previos. Además, esta consideración es difícil si no se especifican con claridad las tareas a realizar.

Requerirá de un informe motivado del Gerente o Director Médico del Departamento, que deberá emitirse antes de los quince días, debiendo ser aprobado por la comisión sectorial correspondiente.

El trabajador tendrá derecho a exigir el llamado procedimiento contradictorio, que le permita presentar alegaciones, proponer pruebas y examinar el expediente.

En la mayoría de los procedimientos no se han cumplido estos requisitos y por ello han provocado una clara indefensión de los profesionales.

Pero, además, hay dos circunstancias que incrementan la penalización al trabajador rechazado en el periodo de prueba:

Se le impone en la Bolsa de Trabajo la sanción de exclusión durante un año, que es la sanción máxima (la ley indica que la sanción no podrá superar un año), por lo que no se guarda proporcionalidad. Y tampoco se notifica a la Comisión Central de Seguimiento para que supervise la adecuación de las medidas tomadas.

El trabajador al que se le resuelve el contrato por no superar el periodo de prueba pierde la prestación de desempleo, lo que ha provocado situaciones dramáticas en algunos casos.

El cuerpo normativo y legislativo que infringe el procedimiento aplicado por la Conselleria es amplio y de gravedad:

La Constitución española, en su artículo 24.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 41.

Sentencias del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.

El Estatuto Marco en su artículo 33.

La Ley de acompañamiento de presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2015, en su artículo 138.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas (LRJPAC), de 1992.

Por todo ello, hemos realizado un escrito a la Conselleria de Sanitat para que cesen estas prácticas y se restituyan los derechos vulnerados, solicitando estos cinco puntos, como primera actuación:

1.- Que se cumpla la ley en el procedimiento de evaluación de los trabajadores en el periodo de prueba.

2.- Que la Conselleria actúe de oficio y declare nulas todas aquellas resoluciones de no superación del periodo de prueba en la que detecte que no se ha cumplido un procedimiento contradictorio tal y como marca la Ley.

3.- Que se establezca una proporcionalidad en el tiempo de la penalización en bolsa y no se aplique siempre el tiempo máximo que establece la Ley, y que se convoque las Comisiones Sectoriales de Seguimiento ya que tienen un papel garante en establecer esta debida proporcionalidad en la sanción.

4.- Que la Conselleria deje claras cuáles son las funciones que se solicita a los trabajadores que deben conocer cuando se les aplica el periodo de prueba y cuando están exentos de dicho periodo de prueba.

5.- Que en la negociación de la Orden de Bolsa se dé la importancia que tiene a este punto y que quede recogido en la norma de la forma más precisa posible.»