El caso ERESA continúa

En el verano de 2014 se inició una investigación por parte de la UDEF sobre la empresa ERESA, por duplicar las pruebas radiodiagnósticas y facturar de forma fraudulenta a la administración Pública por trabajos no ejecutados. ERESA es la empresa que realiza las pruebas diagnósticas de imagen por concesión administrativa para la Conselleria de Sanidad y ahora parece que los trabajadores de la misma están siendo perjudicados al dar información sobre esos posibles delitos: Un empleado de la adjudicataria de resonancias denuncia coacciones por desvelar el borrado de datos en ERESA:

“El juzgado de instrucción número 8 de Valencia ha abierto diligencias para investigar a la empresa Eresa por, supuestamente, coaccionar a un trabajador que denunció ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Guardia Civil el borrado de la facturación de esta empresa, concesionaria de la Generalitat valenciana en el concierto de las resonancias magnéticas para los hospitales públicos desde hace dos décadas.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Valenciaplaza.com, los hechos denunciados se produjeron pocos días después de que este empleado, que trabajaba en el servicio informático de la sede central de Eresa, declarara en la Delegación de Hacienda de Valencia, donde fue requerida su presencia para responder a varias preguntas sobre su cometido laboral en el Proyecto MIND. Asimismo, se le preguntó por su declaración cuando fue citado por la UDEF, que investigaba varias denuncias en la Fiscalía Anticorrupción de Valencia”

Parece que la destrucción de pruebas y de documentos, en suma de pistas que puedan conducir a destapar el robo monumental que ha ocurrido en etsa comunidad no solo es propio del cambio de dirección producido por las elecciones. También pasa en la privada. Recordamos a todos los ciudadanos que tienen la obligación de denunciar lo que es evidentemente un comportamiento ilegal, y a todos los empleados publicos el Artículo 413 del Código Penal que dispone que “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.”